Este país de pandereta, en donde robar si tienes poder te sale gratis:
El abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz continuarán en libertad pese a haber sido condenados a 7 años y medio de cárcel cada uno en el "caso Minutas" sobre irregularidades en los trabajos efectuados por el letrado al Consistorio marbellí.
En un auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, al que ha tenido acceso Efe, la Sala acuerda mantener las medidas acordadas en el auto de apertura de juicio oral de 2009 respecto a ocho de los nueve procesados en esta causa.
Entre esos ocho acusados figuran Del Nido, Muñoz y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama del "caso Malaya", Juan Antonio Roca, quienes deberán informar de cuantas salidas y entradas realicen fuera del territorio nacional.
También se mantiene la obligación de que comparezcan ante el tribunal cuantas veces sean citados, y de que le comuniquen el domicilio que fijen para notificaciones y citaciones, así como de cualquier cambio de residencia que efectúen.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión provisional para José María del Nido condenado por el cobro de encargos jurídicos que eran innecesarios al Ayuntamiento de Marbella y Julián Muñoz por lucrarse a costa de las arcas municipales.
En el auto, que consta de doce folios, el tribunal hace un apercibimiento a uno de los condenados el exconcejal Esteban Guzmán, que no estuvo presente en la vista sobre las medidas cautelares y la Sala le da cinco días para que comparezca.
En caso de que no comparezca emitirán una orden de búsqueda y captura contra el acusado, que está condenado a seis años y un día por delito de fraude debido a que "ha incumplido de forma muy grave sus obligaciones".
Riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas fueron las principales causas por las que Anticorrupción consideró que debe pedir la prisión para José María del Nido y el resto de los condenados.
A este respecto, el tribunal entiende que el riesgo de fuga "nunca puede descartarse", pero que ello no justifica que deba imponerse dado su carácter excepcional y destaca el arraigo de casi todos los condenados que hace pensar "improbable su fuga".
Además se recuerda en la resolución judicial que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la Ley.
La Sala reconoce que dos de los tres requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión provisional no presentan dudas en este caso, que han sido condenados a penas superiores a los dos años y la existencia de indicios válidos "incuestionables tras el dictado de la sentencia", añaden los magistrados.
Pero el Tribunal mantiene que el fiscal pidió la prisión provisional fundamentalmente para evitar el riesgo de fuga así como por el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.
En este sentido, los magistrados destacan en el auto que "sólo cuando se pruebe que un condenado es un probable reincidente o prófugo se deben adoptar medidas cautelares".
Además se indica que a falta de otros indicios es válido el argumento de las defensas de que los condenados no han tenido causas penales abiertas por hechos posteriores a la fecha en que abandonaron su relación con el Ayuntamiento de Marbella, hace más de ocho años, y en la actualidad ninguno de ellos se encuentra en situación de repetir las conductas delictivas por las que les ha condenado.
